El Gobierno y las universidades sellaron un acuerdo salarial y presupuestario, pero continúa la demanda en la Corte

El Gobierno y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) firmaron este miércoles un acuerdo salarial y presupuestario para aliviar el conflicto por los fondos para sostener el funcionamiento de las universidades públicas.

La propuesta en discusión incluyó un aumento salarial de 24,33% en dos tramos, un ajuste de 21,33% en junio y otro de 3% en octubre. Esa recomposición equivale a 7 puntos correspondientes a 2024, 12,33 puntos de 2025 y el resto busca compensar la pérdida acumulada hasta mayo de 2026. También está prevista una reunión paritaria con los gremios.

Además, el acta prevé un incremento del 50% en las becas estudiantiles, una actualización del 20% en los gastos de funcionamiento de las universidades y la conformación de una comisión para analizar la situación de las becas Progresar. También se acordó continuar las negociaciones paritarias para abordar la recomposición pendiente correspondiente a 2024.

No obstante, desde el CIN aclararon que el acuerdo no resuelve el problema de fondo vinculado al financiamiento universitario. A través de un comunicado, señalaron que la reapertura de la paritaria y la actualización salarial constituyen “una conquista consecuencia del compromiso y la lucha de la comunidad universitaria”, aunque remarcaron que “la respuesta estructural está en la aplicación plena de la Ley de Financiamiento Universitario”, por lo que la demanda judicial iniciada ante la Corte Suprema seguirá vigente.

En la misma línea se expresó el rector de la Universidad Nacional de San Luis, Raúl Gil, quien consideró que el acuerdo representa un avance en el cumplimiento de los reclamos del sistema universitario. “Esto evidencia que los argumentos que volcamos en nuestra demanda eran válidos y que los argumentos del Gobierno para no cumplirla eran maniobras para dilatar el cumplimiento”, afirmó.

Gil destacó que varios de los puntos incorporados al acuerdo formaban parte de las exigencias planteadas por las universidades públicas y subrayó que la demanda judicial “sigue su curso” hasta que se concrete el cumplimiento efectivo de la Ley de Financiamiento Universitario por parte del Estado nacional.